Alejandro Berruti
Captura: Valor Agregado
Este miércoles 27 de mayo de 2026, la Justicia uruguaya formalizó la prórroga de las medidas cautelares sobre el rematador Alejandro Berrutti y su esposa, María José Argenti. Ambos son investigados por el caso Portfolio Capital, que involucra presuntas maniobras financieras irregulares en el sector ganadero.
Las restricciones impuestas incluyen la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retención de sus pasaportes. Estas medidas, fijadas originalmente en diciembre de 2025, vencían en los primeros días del próximo mes de junio. Con esta resolución, el Poder Judicial busca garantizar la sujeción de los involucrados al proceso penal.
La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó la extensión del plazo al considerar que la investigación atraviesa una etapa crítica de recolección de pruebas. El objetivo principal es esclarecer la magnitud de una presunta estafa y posibles delitos de lavado de activos que habrían afectado a cientos de ahorristas.
Origen y colapso del fondo Portfolio Capital
El caso tomó estado público en mayo de 2025, cuando el fondo de inversión ganadero, liderado por Berrutti, interrumpió los pagos a sus acreedores. El sistema captaba capitales bajo la promesa de retornos anuales fijos del 9%, destinados supuestamente a la compra y engorde de ganado vacuno.
Sin embargo, las auditorías posteriores no lograron verificar la existencia de la totalidad de las existencias vacunas declaradas. La Fiscalía sostiene que la empresa operaba mediante un esquema de «bicicleta financiera», donde los fondos de nuevos inversores pagaban las ganancias de los participantes antiguos.
El déficit patrimonial estimado por peritos contables supera los 20 millones de dólares. Este agujero financiero afecta a más de 400 inversores particulares, instituciones bancarias y empresas vinculadas al sector agropecuario, generando una marcada preocupación en el mercado de capitales local.
Argumentos de la Fiscalía y la postura de la defensa
Durante la audiencia, la Fiscalía subrayó la existencia de indicios sobre presuntas maniobras de ocultamiento de activos. Se citó la venta de propiedades de alto valor y el desvío de fondos hacia cuentas en el exterior en fechas cercanas a la declaración de quiebra de la firma.
Por su parte, la defensa de Berrutti y Argenti sostiene una postura opuesta. Los abogados argumentan que el colapso de Portfolio Capital no fue un plan delictivo, sino consecuencia de una crisis de liquidez imprevista agravada por las condiciones del mercado ganadero en ese periodo.
Según la versión de los imputados, existió una voluntad constante de cumplir con los compromisos, pero la insolvencia se volvió irreversible ante la caída de activos. La defensa manifestó que sus clientes han colaborado con las citaciones y calificó la prórroga como una medida excesiva.
Clima de tensión y agresiones físicas
La causa judicial transcurre en un ambiente de elevada tensión social. El pasado mes de abril, la situación se tornó crítica cuando Berrutti fue agredido físicamente durante una asamblea de acreedores. El incidente refleja el malestar de quienes perdieron sus ahorros en la operatoria del fondo.
Las autoridades han reforzado la seguridad en las sedes judiciales ante la posibilidad de nuevas manifestaciones. Para la sindicatura del proceso concursal, la prioridad es identificar activos remanentes que puedan ser liquidados para resarcir, al menos parcialmente, a los damnificados.
La Fiscalía continúa analizando la trazabilidad de las transferencias bancarias realizadas por la firma en los últimos tres años. Se espera que en los próximos meses se presenten nuevas pericias que determinen el destino final del dinero que nunca llegó a invertirse en el negocio agropecuario.
Información relevante para los ciudadanos
Los ciudadanos afectados por las operaciones de Portfolio Capital deben mantener contacto con sus representantes legales para el seguimiento de la causa. Los próximos pasos incluyen la declaración de nuevos testigos y la evaluación de documentos contables incautados en allanamientos.
El Poder Judicial indicó que el mantenimiento del arraigo es fundamental para evitar el riesgo de fuga mientras se define la fecha del juicio oral. Se recomienda a los acreedores seguir los canales oficiales para conocer avances sobre la posible recuperación de activos en el marco de la quiebra.
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