Álvaro Danza, actual presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), presentó formalmente una denuncia penal este 22 de mayo de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación. La acción judicial se dirige contra su antecesor, Leonardo Cipriani, y la totalidad del directorio que gestionó el organismo público entre los años 2020 y 2024.

El escrito legal se fundamenta en los resultados de una serie de auditorías internas que detectaron presuntas irregularidades administrativas y financieras durante el periodo mencionado. El foco principal de la denuncia radica en la contratación de servicios de traslados a la empresa ITHG (actualmente operando como UTAM), la cual llegó a concentrar el 96,47% del gasto total del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105).

Según los documentos presentados, estas contrataciones se habrían realizado mediante mecanismos de compra directa sin licitación previa de manera sistemática. Además de los servicios de ambulancias, la denuncia incluye cuestionamientos sobre convenios millonarios para la contratación de camas de centros de tratamiento intensivo (CTI) con instituciones privadas como el Círculo Católico y el CASMU.

Detalles técnicos de las auditorías en SAME 105

El informe de auditoría detalla que el uso recurrente de la compra directa, un mecanismo reservado por la normativa uruguaya para situaciones excepcionales, se convirtió en la norma para el funcionamiento del SAME 105. Las investigaciones sugieren que esta falta de competencia podría haber derivado en sobrecostos significativos para el erario público.

Otro punto crítico se refiere a los acuerdos por camas de CTI, especialmente en el Hospital de Treinta y Tres. Durante el periodo de mayor demanda hospitalaria, ASSE derivó a miles de pacientes a centros privados. Sin embargo, la auditoría señala que los precios pactados y la falta de controles sobre la ejecución de estos convenios presentan inconsistencias que ameritan una investigación penal.

El Tribunal de Cuentas ya había señalado en reiteradas oportunidades que la estructura de estos gastos no cumplía con los principios de transparencia. Según la actual administración, las observaciones no fueron subsanadas en su momento, lo que constituye una posible omisión de los deberes de funcionario público y abuso de funciones.

La defensa de Leonardo Cipriani y el contraste de versiones

Leonardo Cipriani reaccionó de manera pública este sábado 23 de mayo, manifestando «total tranquilidad» frente al proceso judicial. El exfuncionario sostuvo que todos los procedimientos se ajustaron a la legalidad y fueron imperativos para garantizar la atención sanitaria durante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19.

Cipriani calificó las auditorías como «sesgadas» y acusó a la actual directiva de ASSE de intentar instalar un relato político para desprestigiar la gestión de la administración anterior. Según el exjerarca, la urgencia de la emergencia sanitaria justificaba el uso de contrataciones directas para evitar el colapso del sistema y salvar vidas.

Asimismo, lanzó una contraacusación hacia la gestión de Álvaro Danza, afirmando que las autoridades actuales mantienen las mismas modalidades de contratación observadas por el Tribunal de Cuentas. Cipriani asegura que el 97% de los gastos actuales siguen siendo objeto de reparos por los organismos de control, lo que a su juicio demostraría una «persecución política».

Debate parlamentario e impacto en la salud pública

La situación ha escalado al ámbito parlamentario, donde se debate la creación de una comisión investigadora. Mientras los sectores alineados con el gobierno actual buscan centrar la investigación en el periodo 2020-2024, la oposición propone ampliar el foco desde el año 2015 para incluir las gestiones de Susana Muñiz y Marcos Carámbula.

ASSE es el prestador de salud más grande de Uruguay y brinda cobertura a casi la mitad de la población. La eficiencia en el uso de su presupuesto impacta directamente en la disponibilidad de medicamentos y la rapidez de los servicios de emergencia. Por ello, la resolución de este caso es seguida de cerca por diversos sectores sociales y políticos.

Por el momento, la operatividad de los servicios de traslado y los convenios vigentes no han sufrido alteraciones, garantizando la atención a los usuarios. El caso queda ahora bajo la jurisdicción de la Fiscalía, que deberá determinar si las pruebas son suficientes para formalizar la investigación por delitos contra la administración pública.

Redaccion ElRadarNews

FUENTES CONSULTADAS:

vtv