Foto: GUBUY
Los partidos que integran la Coalición Republicana en Uruguay analizan la presentación de una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. La medida también alcanzaría a sus asesores Damián Rojas y Daniel Marsiglia, por presuntas irregularidades en la investigación interna sobre el contrato con el astillero español Cardama.
El conflicto legal se centra en la posible comisión de los delitos de «pesquisa» y «usurpación de funciones». Según los legisladores de la oposición, los asesores de la ministra habrían realizado interrogatorios y accedido a información reservada sin contar con un nombramiento oficial ni un vínculo contractual vigente con el Estado al momento de los hechos.
Los eventos bajo cuestionamiento ocurrieron en Montevideo entre marzo y mayo de 2025. Durante ese periodo, los asesores habrían mantenido reuniones de carácter indagatorio con el entonces comandante en jefe de la Armada, el almirante Jorge Wilson. Según los testimonios, habrían actuado bajo una «autorización verbal» de la titular de la cartera.
La controversia surgió tras las sesiones de la Comisión Investigadora parlamentaria sobre el «Caso Cardama». En ese ámbito se detectó que el accionar de Rojas y Marsiglia carecía de respaldo administrativo formal, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de la jerarquía militar y la protección de datos sensibles de seguridad nacional.
Antecedentes del contrato con el astillero Cardama
Para comprender el origen de la controversia, es necesario remontarse al año 2023, durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. En aquel entonces, el Ministerio de Defensa firmó un contrato por aproximadamente 82 millones de euros con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos (OPV).
Tras el cambio de mando en 2025, la administración del presidente Yamandú Orsi inició una revisión del proceso de compra. En marzo de ese año, la ministra Sandra Lazo denunció que la garantía de fiel cumplimiento del contrato era inválida. El documento había sido emitido por EuroCommerce, una entidad que no tenía existencia legal real en Londres, su supuesta sede.
Este hallazgo llevó al Poder Ejecutivo a rescindir el contrato con la empresa española, argumentando un intento de estafa contra el patrimonio público. Sin embargo, el procedimiento utilizado para investigar la responsabilidad de los mandos militares en la aceptación de dicha garantía es lo que hoy coloca a la ministra Lazo bajo el escrutinio judicial y político.
Acusaciones por usurpación de funciones y pesquisa
El punto crítico de la denuncia radica en la naturaleza de las funciones desempeñadas por Rojas y Marsiglia. En el derecho uruguayo, la «pesquisa» se refiere a investigaciones arbitrarias conducidas fuera de los cauces legales. La oposición sostiene que civiles sin cargo oficial no pueden ejercer facultades de control sobre altos mandos militares.
Durante las comparecencias en la Comisión Investigadora, se reveló que los asesores habrían tenido acceso a documentación clasificada de la Armada Nacional. La falta de un contrato formal implica, según los denunciantes, que estas personas no estaban sujetas a las normas de responsabilidad administrativa y ética pública que rigen para los funcionarios del Estado.
Por su parte, la defensa de la ministra Lazo sostiene que se trató de un equipo de confianza que trabajó en una situación de emergencia administrativa. Argumentan que la prioridad absoluta era desactivar un contrato viciado por la falsificación de documentos financieros internacionales para evitar un perjuicio millonario al país.
Posturas sobre la institucionalidad y la seguridad nacional
El debate político en Uruguay se encuentra dividido. Desde el oficialismo se respalda la gestión de Lazo, calificando su accionar como una medida necesaria para enfrentar irregularidades heredadas. Voceros gubernamentales señalaron que los cuestionamientos de la oposición buscan desviar la atención sobre el origen del problema: la aceptación de avales inexistentes en la gestión previa.
En contraste, los legisladores de la Coalición Republicana enfatizan que el fin no justifica los medios. Sostienen que permitir que asesores externos interroguen a un comandante en jefe vulnera la cadena de mando y sienta un precedente peligroso para la institucionalidad.
El desenlace de esta situación depende de la próxima comparecencia de la ministra ante el Parlamento, prevista para mediados de mayo de 2026. En esa instancia, la jerarca deberá explicar la falta de formalización del vínculo laboral de sus asesores. Posteriormente, la oposición decidirá si eleva los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación.
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