Mientras el Ministerio de Salud Pública redujo la sanción a una anestesista condenada por la muerte de una paciente, el Ministerio de Defensa decretó su cese definitivo del Hospital Militar.
El caso de la anestesista Inés Miralles, condenada judicialmente por el fallecimiento de una paciente, ha desatado una controversia interna en las resoluciones del gobierno uruguayo. Las decisiones dispares entre distintas carteras del Poder Ejecutivo han provocado renuncias técnicas y una creciente presión civil.
El origen del caso y la condena
El conflicto se retrotrae al año 2023, durante una intervención quirúrgica de vesícula en la que la paciente —la pediatra Soledad Barrera— sufrió un daño neurológico irreversible tras sufrir un paro cardíaco, lo que derivó en su posterior muerte. De acuerdo con el expediente, la Justicia comprobó que la anestesista a cargo abandonó el quirófano durante el procedimiento y, a su regreso, la paciente ya presentaba muerte cerebral. Tras un proceso abreviado, la profesional fue condenada a 24 meses de prisión bajo el régimen de arresto domiciliario nocturno por mala praxis.
Tensión técnica en el Ministerio de Salud Pública
La polémica escaló recientemente cuando la Comisión Honoraria de Salud Pública, el órgano técnico disciplinario, recomendó la sanción máxima de cinco años de inhabilitación profesional. Sin embargo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, decidió flexibilizar y rebajar la pena a tres años. La jerarca justificó la medida argumentando el principio de «proporcionalidad» y señalando «riesgos jurídicos» de que una pena mayor pudiera ser anulada por vicios procesales en la etapa administrativa.
Esta reducción provocó una crisis institucional severa. Como resultado, cinco miembros técnicos de la Comisión Honoraria presentaron su renuncia masiva, acusando que la medida desautoriza el trabajo técnico e impone un criterio político que relativiza la seguridad del paciente. Ante las repercusiones, Lustemberg declaró públicamente: «Estamos evaluando todo el proceso». Simultáneamente, la defensa legal de la médica ya interpuso un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) buscando impugnar también la sanción impuesta por la cartera de salud.
La postura de Defensa y la presión pública
En contraste con la flexibilización del MSP, el Ministerio de Defensa Nacional adoptó una postura definitiva. Mediante una resolución firmada el 22 de abril de 2026 por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, se dispuso el cese del cargo y la baja de Miralles de las filas de las Fuerzas Armadas y del Hospital Militar.
El escenario ha trascendido la esfera administrativa y motivó la reacción de la sociedad civil. A través de la plataforma Change.org, familiares y asociaciones iniciaron una campaña de recolección de firmas, dirigida a Lustemberg y a la Comisión de Salud del Senado, exigiendo que se revea la resolución porque «la vida de los pacientes es el bien máximo a proteger» y «su caso debe sentar un precedente claro».
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